Tribunal: Corte Sup.
Fecha: 07/09/2004
Partes: Castillo, Ángel S. v. Cerámica Alberdi S.A.
Publicado: SJA 24/11/2004. JA 2004-IV-757.
Fecha: 07/09/2004
Partes: Castillo, Ángel S. v. Cerámica Alberdi S.A.
Publicado: SJA 24/11/2004. JA 2004-IV-757.
PROCEDIMIENTO LABORAL - Competencia - Ley de Riesgos del Trabajo - Inconstitucionalidad
DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL.-
Considerando: I. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza (sala 1ª) denegó la apelación federal fundada, en suma, en que se centra en la interpretación de disposiciones de derecho común y público local, apreciadas en el caso razonablemente; y en que carece de fundamentos que, amén de reiterar lo expuesto, se hagan cargo de las razones provistas por el tribunal (fs. 352/353).
Contra dicha decisión se alza en queja la aseguradora, por motivos que, en sustancia, reproducen los del principal. Hace hincapié en que no fue cuestionada constitucionalmente la etapa ante las comisiones médicas (conf. fs. 104/112 del cuaderno respectivo).
II. La Corte provincial confirmó la decisión de la anterior instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 46 ley 24557 (1) y desestimó la excepción de incompetencia de las reclamadas (conf. fs. 52/56). Para así decidir se apoyó, en suma, en que: 1) el art. 46 ley 24557 contradice el art. 75 inc. 12 de la Ley Fundamental (2) y no guarda razonable analogía con los supuestos en que la Corte Suprema admitió la federalización de cuestiones de derecho común; 2) no se advierte un genuino interés federal en la federalización de los infortunios laborales, constatándose claramente esa carencia en los restantes supuestos del art. 46 ley 24557 -incs. 2 y 3-; 3) se omite la regla constitucional de la excepcionalidad de la justicia federal y el principio de reserva jurisdiccional de las provincias cuando se admite el juzgamiento de conflictos de derecho común entre particulares fuera del ámbito local (arts. 5, 116, 117 y 121 CN.); y 4) las aseguradoras de riesgos del trabajo -ART.- son entidades privadas con fines de lucro sujetas a la normativa sobre sociedades comerciales, no entes de la Administración central. Hace hincapié en que la decisión no declara la inconstitucionalidad de la etapa de conciliación previa obligatoria ni del trámite ante las comisiones médicas de los arts. 21 y 22 ley 24557; y en que, dado que la justicia federal mendocina se abstiene de conocer en estos casos por entender inconstitucional la asignación de competencia en la materia, se suscitaría una denegación de justicia de no admitir los tribunales locales tal aptitud jurisdiccional (fs. 288/303).
Contra dicha decisión la aseguradora dedujo recurso extraordinario (fs. 329/343), que fue contestado (fs. 345/349) y denegado -reitero- a fs. 352/353, dando origen a esta queja.
III. En síntesis, la recurrente aduce que la sentencia es arbitraria y que, por razones aparentes, lo priva de ser juzgado por los magistrados previstos en el art. 46.1 ley 24557, lo que transgrede las garantías del juez natural y debido proceso receptadas en el art. 18 CN., así como los principios derivados de los arts. 126 y 75 inc. 12 -poderes delegados y potestades del Poder Legislativo- CN. También arguye que se le ha denegado el acceso a la jurisdicción federal.
Funda, sustancialmente, su alegación en que: a) la Corte Suprema asintió al dictado de reglas procedimentales por el Congreso de la Nación cuando resulta necesario para asegurar la eficacia de derechos materiales consagrados en disposiciones comunes; b) la legislación sobre riesgos del trabajo configura un todo cerrado y coherente -en el plano sustantivo y procesal- como un subsistema de la seguridad social; c) la Corte -a partir de Fallos 247:646- asintió a la legitimidad de tribunales administrativos como las comisiones médicas de la ley 24557, en tanto se asegure un control judicial suficiente, encomendado aquí a la justicia federal; d) los regímenes sobre riesgos laborales -ley 24557 -; jubilaciones y pensiones -ley 24241 (3)- y obras sociales -ley 23660 (4)-, forman el sistema de la seguridad social, atenidos al imperativo constitucional del art. 14 bis en orden a la provisión de beneficios integrales e irrenunciables; e) la conformación de un sistema nacional de seguridad social, apoyado en los arts. 14 bis, 75 inc. 12 y 126 de la Norma Fundamental, constituye un fin federal genuino que legitima la federalización de la materia; f) la Ley de Riesgos del Trabajo confió el funcionamiento y la supervisión del sistema a órganos federales (comisiones médicas, juzgados federales, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, etc.), cuya actuación se pretirió en la causa; g) las características del nuevo sistema instaurado por la ley 24557, orientado a la prevención, reparación y rehabilitación no litigiosa del trabajador accidentado, justifica el particular diseño conferido a sus órganos y procedimientos; y h) la garantía del juez natural no resulta agraviada por la regla en debate, desde que atribuye una competencia general a órganos permanentes y preestablecidos, no una especial a una comisión ex post facto; ni tampoco la de igualdad -como se afirma en Fallos 325:11-, toda vez que se regula una situación única y particular, cual es la protección de los trabajadores ante los infortunios laborales. Pone de relieve, al fin, que no se encuentra expedita la acción al haberse obviado el trámite previo ante las comisiones médicas y que la presencia de un interés federal legítimo justifica la atribución de competencia establecida en el art. 46 acáp. 1 ley 24557 (conf. fs. 329/343).
IV. La actora inició demanda contra su empleadora (Cerámica Alberdi S.A.) reclamando la reparación de su incapacidad laboral. Planteó en esa oportunidad la invalidez constitucional de diversos preceptos de la ley 24557 y de sus disposiciones reglamentarias; entre ellos, los que obstan al resarcimiento de las secuelas incapacitantes de las enfermedades-accidentes y el que establece la jurisdicción de la justicia federal en su condición de órgano de alzada de las resoluciones de las comisiones médicas -art. 46 . 1 LRT.- (fs. 9/11).
La empresa demandada, a su turno, con énfasis en que se obvió el trámite previo ante las comisiones médicas dispuesto en el art. 21 ley 24557, defendió la constitucionalidad de los dispositivos cuestionados, haciendo hincapié en que el actor objeta un precepto como el del art. 46 sin haber ocurrido ante los órganos a cuyas resoluciones se refiere el dispositivo observado, lo que deja al planteo huérfano de agravio concreto (fs. 28/30).
La citada en garantía, más tarde, sostuvo también la regularidad en el plano constitucional de la ley 24557, destacando que la falta de ocurrencia a sede administrativa del peticionario torna abstracto su ataque posterior al art. 46 ley aludida (fs. 39/43).
La a quo, por su parte -Cámara 2ª del Trabajo de la 1ª Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza-, entendió que el art. 46 Ley de Riesgos del Trabajo (LRT.) contradice las garantías de los arts. 16 y 18 Ley Fundamental, amén de lo previsto en su art. 75 inc. 12, razón por la cual declaró la invalidez del citado precepto (fs. 52/55).
Si bien en un principio la Corte provincial -por intermedio de su sala 2ª- desestimó los recursos de inconstitucionalidad deducidos por Cerámica Alberdi (ver fs. 82/86) y La Segunda ART. S.A. (fs. 107/116), so pretexto de la falta de alcance definitivo de lo resuelto (fs. 91 y 126), y, asimismo, el extraordinario federal de la citada en garantía (fs. 135/145 y 148/149), este último prosperó, finalmente, merced a la intervención de la Corte Suprema, quien, por remisión a Fallos 324:2456 (fs. 236/247 y 257), dio lugar al pronunciamiento de la sala 1ª de la ad quem llegado en queja (fs. 264, 267 y 288/303).
V. Se hizo alusión en Fallos 321:1865 a las características novedosas de la organización de competencia estructurada en torno a las comisiones médicas por la ley 24557, cuya intervención -se precisó- implica transitar un diseño atípico de acceso a la jurisdicción, con participación, por norma general, de las aseguradoras de riesgos del trabajo.
En Fallos 322:456, por su parte, se refirió a la peculiar aptitud de las aludidas comisiones, pasible de reexamen ante los jueces federales de provincia o, en su caso, ante una comisión médica central y con una instancia final ante la Cámara Federal de la Seguridad Social (en similar sentido, Fallos 322:323 (5) y 323:2730, donde se ponderó la naturaleza particular de la jurisdicción creada por la nueva preceptiva sobre riesgos del trabajo).
A su turno, en Fallos 322:1220 se puntualizó que la nueva Ley de Riesgos del Trabajo encomienda a las comisiones médicas creadas por ley 24241, entre otras competencias, la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad; el carácter y grado de la discapacidad y el contenido y alcance de las prestaciones en especie; con una instancia de apelación ante los jueces federales de las provincias o la Comisión Médica Central y una instancia última ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Tras reiterar la índole peculiar de esta organización de competencia y sus posibilidades de acceso a la jurisdicción ciertamente atípicas, se precisó también allí que la nueva regla, con el propósito no declarado de disminuir la litigiosidad, organizó un sistema tendiente a que, dado un infortunio de trabajo, se brinden al afectado por medio de las aseguradoras o principales autoasegurados, en forma automática e inmediata, las respectivas prestaciones dinerarias o en especie, previéndose recién para la hipótesis de disconformidad con las mismas la reclamación ante las comisiones médicas; extremo -en la perspectiva del pronunciamiento que se destaca- determinante a la hora de proveer a la organización administrativo-jurisdiccional instrumentada en la ley 24557 y el decreto 717/1996 (6).
Se resaltó, por fin, que la responsabilidad en el plano administrativo y jurisdiccional del sistema descripto se depositó casi totalmente en organismos de orden federal. En el mismo orden, en el pronunciamiento recaído en los autos Corte Sup., Comp. 511, L. XXXV, "Figueroa, Eva B. v. Bagley S.A. s/ley 24557", sentencia del 4/4/2000, luego de remitir al antecedente reseñado en los párrafos que anteceden (ver también sus citas), se hizo hincapié en la inmotivada preterición por parte del actor de la etapa ante las comisiones médicas, extremo que, amén de tornar abstracta la contienda suscitada, determinó el archivo de las actuaciones; lo anterior, sin perjuicio de la instancia jurisdiccional que oportunamente pueda seguirse (una solución semejante registra Fallos 324:1477).
Para concluir y luego de señalar que en Fallos 323:3771 se asintió a la índole federal de la ley 24557, procede se destaque que en la ocasión de Fallos 325:11, al describir el régimen establecido por la nueva preceptiva en materia de riesgos laborales, se dijo que la determinación y revisión de las incapacidades se halla a cargo de las comisiones médicas creadas para el sistema de jubilaciones y pensiones mediante un procedimiento gratuito para el damnificado, y sus conclusiones resultan recurribles tanto en el plano administrativo como judicial; poniéndose énfasis en que el legislador sustituyó un régimen por otro que entendió más adecuado a la realidad del momento, incluyéndolo -conforme a los avances de la doctrina especializada y de la legislación comparada- más en el terreno de la seguridad social que en el del derecho del trabajo (ver consids. 5 y 6).
La anterior reseña, amén de dejar manifiesto que el tema discutido fue objeto de consideración en circunstancias anteriores por V.E. y, asimismo, las líneas principales de la competencia organizada en esta materia, trasunta también la relevancia que revisten en el esquema jurisdiccional de la ley 24557 las comisiones médicas de los arts. 21 y 22, puesta de resalto por ese alto cuerpo en la consideración provista a los citados precedentes.
Tal extremo, en tanto que el pretensor soslayó esa etapa acudiendo directamente a la justicia ordinaria y obteniendo de ella un pronunciamiento contrario a la procedencia de la jurisdicción federal a la que pretende acceder la recurrente, estimo -por de pronto- que coloca el supuesto en el ámbito de Fallos 321:207; 323:189, 2302; 324:283, 708; entre muchos otros, en orden al carácter equiparable a definitivo del pronunciamiento por denegatoria del fuero de excepción. Ello, a mi entender, en el marco de la organización competencial novedosa a la que se ha venido aludiendo aquí, comporta la habilitación lisa y llana de la instancia jurisdiccional de la provincia, soslayando que no se ha transitado en forma previa la etapa ante organismos administrativos de índole federal como las comisiones médicas (conf. Fallos 322:1220, etc.).
Por otra parte, y si bien la impugnante inscribe su presentación bajo una genérica referencia a la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, lo cierto es que en el pleito se ha puesto en tela de juicio la validez de una ley emanada del Congreso de la Nación -art. 46.1 Ley de Riesgos del Trabajo- y la resolución ha sido contraria a ella, lo que torna admisible el recurso extraordinario de la citada en garantía, en el marco de lo previsto por el art. 14 inc. 1 ley 48 (7) (ver Fallos 314:1434; 319:2215 (8), etc.).
VI. Como bien enfatiza la sentenciadora, no se ha cuestionado aquí la preceptiva de los arts. 21 y 22 ley 24557, que encomienda a las comisiones médicas creadas por ley 24241 la determinación y revisión de las incapacidades, sino el art. 46.1 LRT., que confía a una comisión médica central o a la justicia federal de las provincias -a opción del trabajador- con una instancia última ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, la revisión de las resoluciones dictadas por las primeras (como se explicó con anterioridad, alegando portar una incapacidad de etiología laboral, el peticionario articuló su pretensión reclamando el resarcimiento de la minusvalía directamente en sede local).
En las condiciones descriptas, y toda vez que -al discurrir de V.E. en algunos de los antecedentes mencionados- se ha preterido aquí, sin suministrar razones constitucionales para ello, la instancia ante las comisiones médicas, considero inoficioso el dictado de un pronunciamiento en orden a la validez constitucional del art. 46.1 Ley de Riegos del Trabajo, desde que dicho dispositivo se encuentra condicionado en su aplicación a la ocurrencia previa del interesado a sede administrativa, no satisfecha, lo digo una vez más, ni justificada siquiera mínimamente, como es menester, en la presente causa.
Advierto, por otra parte, que tanto el planteo constitucional del actor concerniente, entre otros preceptos de la ley 24557, a su art. 46.1 , como la ulterior admisión del mismo en sede local autorizan a descartar que se trate el presente reclamo de una acción ajena al diseño de la Ley de Riesgos del Trabajo y correspondiente en origen a la competencia ordinaria, desde que, en tal caso, una declaración de invalidez como la pronunciada carecería -en mayor medida aún- de propósito; extremo al que se añade que ninguna aclaración, basada en una determinada inteligencia del reclamo, se provee sobre el punto.
No obsta a lo anterior la explicación ensayada por la juzgadora en el sentido de que el proceder del actor al acudir directamente a la justicia laboral ordinaria encuentra fundamento en el propósito de evitar se considere que media un sometimiento voluntario a un régimen legal que conlleva el camino de la justicia federal, como es el de las comisiones médicas, desde que en tal caso bastaba con postular en sede provincial la invalidez constitucional, precisamente, de los arts. 21 y 22 Ley sobre Riesgos del Trabajo, que organizan su intervención, amén de la normativa del art. 46 objetada aquí en soledad, o una reserva en tal sentido al acudir a las propias comisiones médicas del distrito.
Tampoco, la alusión al supuesto proceder de la justicia federal de la provincia en orden al rechazo de la atribución jurisdiccional en la materia, limitada, en el caso, a la aislada cita de un precedente.
VII. Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente la apelación federal y revocar la sentencia. Buenos Aires, marzo 4 de 2004.- Felipe D. Obarrio.
Buenos Aires, septiembre 7 de 2004.- Considerando: 1. Que la sala 1ª de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza al rechazar el recurso planteado por la citada en garantía, La Segunda ART. S.A., mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 ley 24557 de Riesgos del Trabajo peticionada por el actor y, por ende, rechazado la excepción de incompetencia de la justicia provincial deducida por la aseguradora. Contra ello esta última interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motiva esta queja.
2. Que, contrariamente a lo sostenido por el procurador fiscal en el dictamen que antecede, no es inoficioso pronunciarse sobre la cuestión federal señalada en el considerando anterior por haber sido preterida, sin suministrar razones para ello, la intervención de las comisiones médicas prevista en los arts. 21 y 22 LRT.
Esto es así, pues si bien el trabajador actor planteó su demanda indemnizatoria ante el Poder Judicial mendocino sin haber previamente ocurrido ante dichos órganos, ello encuentra explicación en la propia sentencia del a quo. En efecto, este último ensayó la hipótesis de que el reclamante pudo haber actuado de la manera indicada "para evitar que se considerara -mal o bien- que se había sometido voluntariamente a un régimen legal que lo lleva luego automáticamente por el camino de la justicia federal" (fs. 292 del expediente principal, agregado por cuerda). Luego, atento a que esta consideración ha quedado firme ante la falta de cuestionamiento alguno, el tribunal debe atenerse a ella, máxime cuando las comisiones mencionadas son "organismos de orden federal" (Fallos 322:1220).
En tales condiciones, presente una cuestión de las previstas en el art. 14 inc. 1 ley 48 y siendo equiparable a definitiva la sentencia que deniega el fuero federal pretendido por la recurrente (Fallos 324:283, entre otros), corresponde tener por admisible el recurso extraordinario, sobre todo cuando se encuentran reunidos los restantes requisitos para tal fin.
3. Que el citado art. 46 inc. 1 Ley de Riesgos del Trabajo, censurado por el a quo fundamentalmente con base en el art. 75 inc. 22 CN. y jurisprudencia de esta Corte, dispone: "Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en cada provincia ante el cual se formulará la correspondiente expresión de agravios o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador [...] Las resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social".
A su vez, con el propósito de delimitar el thema decidendum y, en consecuencia, los alcances del presente pronunciamiento, cuadra añadir que el reclamo del actor tiene por objeto la indemnización de la incapacidad laboral, dentro del marco reparador de la ley 24557, que dice padecer a consecuencia del trabajo que prestó, en la localidad de Guaymallén, para la demandada, Cerámica Alberdi S.A., la cual, como se infiere de lo indicado al comienzo, citó en garantía a la ahora recurrente.
4. Que, según lo esclareció esta Corte para octubre de 1917, y lo sostuvo de manera constante, "las responsabilidades por accidente del trabajo a que se refiere la ley 9688 y que nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de contratos entre patrones y empleados u obreros, son de carácter común" (Fallos 126:315, 324 y 325:328; asimismo, Fallos 129:223; 151:315; 162:79; 184:390; 228:537; 239:239; 242:182; 245:174, entre muchos otros), vale decir, resultan sancionadas por el Congreso con arreglo a las previsiones del art. 67 inc. 11 CN. -actual art. 75 inc. 12- (Fallos 248:781, 782, consid. 1 y sus citas). De igual manera corresponde discurrir respecto de la ley 24028, que sustituyó a la ley 9688.
A su turno, contemporáneamente con la incorporación del art. 14 bis a la Ley Fundamental, que introdujo los derechos relativos al trabajo y la seguridad social, fue agregado previsoramente el Código "del Trabajo y Seguridad Social" a la nómina de materias contenida en el citado art. 67 inc. 11. De tal suerte, la normativa concerniente a las dos mencionadas ramas jurídicas quedó, expressis verbis, integrada en el conjunto de aquellas otras que, si bien son del resorte legislativo del Congreso de la Nación, no alteran "las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones" (art. 67 inc. 11, actual art. 75 inc. 12).
El art. 116 CN. (anterior art. 100) no es sino un explícito reforzador de la antedicha directriz, esencial de la forma federal que la Nación Argentina adoptó para su gobierno (Constitución Nacional, art. 1), desde el momento en que la competencia de esta Corte y de los tribunales inferiores de la Nación se extiende al conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos, inter alia, por las leyes de la Nación, "con la reserva hecha en el inc. 12 del art. 75". De ahí que, desde su instalación, la Corte haya sostenido que la competencia de los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que menciona el art. 100 -actual art. 116- (Fallos 1:170; 190:170; 283:429 y 302:1209, entre muchos otros), tal como, por lo demás, lo establece la ley 27, e incluso la ley 48, para lo concerniente a la competencia apelada extraordinaria del tribunal (art. 15). El art. 121 CN. (originario art. 104) se emplaza en la misma línea.
Más aún; la reforma de la Constitución Nacional producida en 1994 no ha hecho más que profundizar este principio arquitectónico de nuestro orden constitucional, al precisar, como ya lo había puesto en claro la jurisprudencia del tribunal (Fallos 248:781, 782, consid. 1, sus citas y otros), que el dictado de las normas mentadas en el art. 75 inc. 12, podía asumir, sin mengua de su naturaleza común, la forma de cuerpos "unificados o separados".
5. Que, por ende, no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado art. 75, inc. 12. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador (Fallos 271:206, 209, consid. 4).
A todo evento, las excepciones a tan terminante regla están rigurosamente condicionadas a que los efectos de esta alteración "han de ser tenidos por válidos, siempre que la intención de producirla sea inequívoca y no se apoye en el mero arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad" (Fallos 248:781, 782/783, consids. 1 y 2; 300:1159, 1161/1162, consid. 3 y 302:1209, 1214, consid. 2 y 1552, 1557, consid. 5).
6. Que, en tal orden de ideas, la Ley de Riesgos del Trabajo no satisface los mentados requerimientos. En primer lugar, la norma no contiene disposición expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones sub lite (doctrina de Fallos 248:781, 783, consid. 3). Además, por lo que ha sido expresado en los dos considerandos anteriores y lo que se agregará seguidamente y dos párrafos más abajo, parece indudable que el régimen procesal que instrumenta el impugnado art. 46 inc. 1 no puede revestir, si de intencionalidad inequívoca se trata, un carácter siquiera indicativo. En segundo término, un doble orden de circunstancias surge con toda nitidez a los fines del sub discussio: la citada ley, por un lado, regula sustancialmente sólo relaciones entre particulares, y, por el otro, de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal para sustentar una declaración de tal naturaleza (íd. paréntesis anterior). En tal sentido, la aparición de las aseguradoras de riesgos del trabajo como nuevo sujeto en los nexos aludidos, lejos de enervar este aserto lo consolida, desde el momento en que aquéllas son "entidades de derecho privado" (art. 26 inc. 1 ley 24557).
Asimismo, es perfectamente trasladable al presente litigio la doctrina enunciada por el tribunal a propósito de la ley 9688: "...la circunstancia de que la ley haya adoptado formas o bases nuevas para reglar relaciones de derecho privado nacidas de accidentes del trabajo por ser insuficientes las adoptadas por el Código Civil a las modernas necesidades creadas por el progreso industrial, no le quita ni puede quitarle su carácter de ley común destinada a reglar derechos particulares, cualquiera que fuese la denominación que se les dé" (Fallos 126:325, 329).
Desde otra perspectiva, las alegaciones de la recurrente en torno de la inserción de la Ley de Riesgos del Trabajo en el terreno de la seguridad social nada aportan en favor de su postura, por cuanto las normas de esa disciplina, supuesto que el presente régimen sustancial cayera dentro de su ámbito, se encuentran ratione materiae expresamente inscriptas en el varias veces citado art. 75 inc. 12. De ahí que no por ser órgano de alzada la Cámara Federal de la Seguridad Social, los preceptos que rigen, por ejemplo, una jubilación por invalidez del régimen previsional ordinario pierdan su carácter común (ver Fallos 325:1644, entre muchos otros). Toda vinculación que quiera establecerse entre la ley 24557 y el mencionado régimen, en consecuencia, no debería soslayar estas relevantes circunstancias.
Tampoco acude en sustento de la federalización de la ley 24557 cuanto quiera verse en ésta como conjuro de situaciones excepcionales. Si cada vez que se invoque una circunstancia de este tipo, o, aun, cada vez que realmente exista se estuviese fuera del art. 75 inc. 12, la reserva que éste asegura podría quedar eliminada en los hechos, cuanto más que, en períodos de transformaciones constantes, acaso muy pocas materias -si no ninguna- serían excluidas en la sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales (ver Fallos 247:646, 668 y 669, consid. 17, voto de los Dres. Boffi Boggero y Aberastury). De una manera semejante podría razonarse si se pretendiera inscribir a la ley 24557 en el ámbito de las llamadas cláusulas del progreso, contenidas en los incs. 18 y 19 del art. 75 CN.
A su turno, si bien no es descartable que el arbitrio cuestionado pretenda justificarse por su finalidad, esto es, el logro de un mayor grado de uniformidad en la interpretación y aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo en el plano judicial, al detraer este cometido de las justicias provinciales, no por ello sería inmune al reproche de inconstitucionalidad. En rigor, el argumento probaría demasiado puesto que, en definitiva, no habría materia alguna de las contenidas en el art. 75 inc. 12 que pudiera escapar a los aludidos propósitos, con lo cual, so color de esto último, el precepto podría quedar vacío de todo contenido y, en consecuencia, desbaratado irremediablemente el sistema federal. La búsqueda de dicha finalidad, en todo caso, cuenta con diversos caminos, entre otros, la cuidada elaboración de los textos legislativos destinados, como ocurre con la legislación común, a regir de manera general y estable en todo el territorio de la República, pero nunca el celosamente vedado por la Constitución Nacional.
Por lo demás, no se advierte ningún motivo para pensar, o siquiera sospechar, que la protección de los intereses que la ley 24557 pone en juego dejaría de ser eficaz a través de la interpretación y aplicación por la justicia que las provincias organizaran dentro del molde constitucional (ver Fallos 247:646, 668 y 669, consid. 17, voto de los Dres. Boffi Boggero y Aberastury). Por lo contrario, un buen número de motivos militan en apoyo de la tesis opuesta.
Si a todo ello se suma que la mencionada ley no tuvo otro objeto, para lo que interesa, que establecer, bien que bajo algunas modalidades propias, la regulación de un universo jurídico que, materialmente considerado, es análogo al que contemplaban las leyes 9688 y 24028, cabe concluir en la inexistencia de razón valedera alguna para prescindir de la reiterada y ya recordada jurisprudencia de esta Corte, que reconoce carácter común a las disposiciones que rigen las relaciones jurídicas de la presente causa.
7. Que toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal a normas que regularmente pertenecen al orden común, debe ser escrutada con el mayor rigor, sobre todo por cuanto es deber indeclinable del tribunal impedir que, a través de esos medios, se restrinjan indebidamente las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes al concepto jurídico de autonomía (Fallos 248:781, 783, consid. 2, y otros). Es menester no olvidar que la reserva de la jurisdicción provincial de la que daban cuenta los ya citados arts. 67 inc. 11 y 100 CN. (actuales arts. 75 inc. 12 y 116) era ajena al texto de 1853 y fue introducida por la Convención de 1860, con el deliberado propósito de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha norma hace referencia. Muy poco se habría avanzado en el país, cabe agregar, si todo el celo de los constituyentes de 1860 pudiese malograrse al poner en manos de una decisión legislativa, por elevada que fuese su finalidad, la suerte de las autonomías provinciales y, con ello, el sistema federal de gobierno (ver Fallos 247:646, 669, consid. 18, voto de los Dres. Boffi Boggero y Aberastury). Es por ello que esta Corte, tal como lo recordó oportunamente (Fallos 271:206, 210, consid. 7), ha reconocido desde antiguo la amplitud en el ejercicio de esas facultades reservadas. Así, ya en 1869 estableció el principio fundamental de que las provincias conservan su autonomía en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación (art. 104 CN., actual art. 121) -Fallos 7:373-, para afirmar, en 1922, que esas facultades reservadas "son idénticas en esencia y alcances a las mismas facultades del gobierno central" -Fallos 137:212-.
La Ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado "de fuero común" (Fallos 113:263, 269).
8. Que, en suma, la competencia federal en cuestión no encuentra otro basamento que el mero arbitrio del legislador. En consecuencia, el fallo de la sala 1ª de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, que mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 ley 24557 en el supuesto materia de este litigio, debe ser confirmado.
Por cierto que, tal como fue advertido en otros casos relacionados con problemáticas emparentadas con la presente (vgr., Fallos 271:206 , 209/210, consid. 6), este resultado no es incompatible con los precedentes del tribunal en los que se dispuso conferir competencia a la justicia federal en supuestos análogos al sub examine (por ej., Fallos 322:1220), toda vez que en ellos no se había planteado la concreta cuestión federal ahora examinada, ni la causa había llegado al tribunal por vía de recurso, sino que se vinculaban con conflictos de competencia resueltos con arreglo a lo establecido en el art. 24 inc. 7 decreto ley 1285/1958.
Por ello, y oído el procurador fiscal, se declara procedente la queja y admisible el recurso extraordinario denegado y se confirma la sentencia apelada en cuanto fue objeto del agravio tratado, con costas a la recurrente (art. 68 CPCCN. [9]). Reintégrese el depósito (fs. 115), agréguese la queja al expediente principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase.- Enrique S. Petracchi.- Augusto C. Belluscio.- Carlos S. Fayt.- Antonio Boggiano.- Juan C. Maqueda.- Eugenio R. Zaffaroni.- Elena I. Highton de Nolasco.
Contra dicha decisión se alza en queja la aseguradora, por motivos que, en sustancia, reproducen los del principal. Hace hincapié en que no fue cuestionada constitucionalmente la etapa ante las comisiones médicas (conf. fs. 104/112 del cuaderno respectivo).
II. La Corte provincial confirmó la decisión de la anterior instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 46 ley 24557 (1) y desestimó la excepción de incompetencia de las reclamadas (conf. fs. 52/56). Para así decidir se apoyó, en suma, en que: 1) el art. 46 ley 24557 contradice el art. 75 inc. 12 de la Ley Fundamental (2) y no guarda razonable analogía con los supuestos en que la Corte Suprema admitió la federalización de cuestiones de derecho común; 2) no se advierte un genuino interés federal en la federalización de los infortunios laborales, constatándose claramente esa carencia en los restantes supuestos del art. 46 ley 24557 -incs. 2 y 3-; 3) se omite la regla constitucional de la excepcionalidad de la justicia federal y el principio de reserva jurisdiccional de las provincias cuando se admite el juzgamiento de conflictos de derecho común entre particulares fuera del ámbito local (arts. 5, 116, 117 y 121 CN.); y 4) las aseguradoras de riesgos del trabajo -ART.- son entidades privadas con fines de lucro sujetas a la normativa sobre sociedades comerciales, no entes de la Administración central. Hace hincapié en que la decisión no declara la inconstitucionalidad de la etapa de conciliación previa obligatoria ni del trámite ante las comisiones médicas de los arts. 21 y 22 ley 24557; y en que, dado que la justicia federal mendocina se abstiene de conocer en estos casos por entender inconstitucional la asignación de competencia en la materia, se suscitaría una denegación de justicia de no admitir los tribunales locales tal aptitud jurisdiccional (fs. 288/303).
Contra dicha decisión la aseguradora dedujo recurso extraordinario (fs. 329/343), que fue contestado (fs. 345/349) y denegado -reitero- a fs. 352/353, dando origen a esta queja.
III. En síntesis, la recurrente aduce que la sentencia es arbitraria y que, por razones aparentes, lo priva de ser juzgado por los magistrados previstos en el art. 46.1 ley 24557, lo que transgrede las garantías del juez natural y debido proceso receptadas en el art. 18 CN., así como los principios derivados de los arts. 126 y 75 inc. 12 -poderes delegados y potestades del Poder Legislativo- CN. También arguye que se le ha denegado el acceso a la jurisdicción federal.
Funda, sustancialmente, su alegación en que: a) la Corte Suprema asintió al dictado de reglas procedimentales por el Congreso de la Nación cuando resulta necesario para asegurar la eficacia de derechos materiales consagrados en disposiciones comunes; b) la legislación sobre riesgos del trabajo configura un todo cerrado y coherente -en el plano sustantivo y procesal- como un subsistema de la seguridad social; c) la Corte -a partir de Fallos 247:646- asintió a la legitimidad de tribunales administrativos como las comisiones médicas de la ley 24557, en tanto se asegure un control judicial suficiente, encomendado aquí a la justicia federal; d) los regímenes sobre riesgos laborales -ley 24557 -; jubilaciones y pensiones -ley 24241 (3)- y obras sociales -ley 23660 (4)-, forman el sistema de la seguridad social, atenidos al imperativo constitucional del art. 14 bis en orden a la provisión de beneficios integrales e irrenunciables; e) la conformación de un sistema nacional de seguridad social, apoyado en los arts. 14 bis, 75 inc. 12 y 126 de la Norma Fundamental, constituye un fin federal genuino que legitima la federalización de la materia; f) la Ley de Riesgos del Trabajo confió el funcionamiento y la supervisión del sistema a órganos federales (comisiones médicas, juzgados federales, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, etc.), cuya actuación se pretirió en la causa; g) las características del nuevo sistema instaurado por la ley 24557, orientado a la prevención, reparación y rehabilitación no litigiosa del trabajador accidentado, justifica el particular diseño conferido a sus órganos y procedimientos; y h) la garantía del juez natural no resulta agraviada por la regla en debate, desde que atribuye una competencia general a órganos permanentes y preestablecidos, no una especial a una comisión ex post facto; ni tampoco la de igualdad -como se afirma en Fallos 325:11-, toda vez que se regula una situación única y particular, cual es la protección de los trabajadores ante los infortunios laborales. Pone de relieve, al fin, que no se encuentra expedita la acción al haberse obviado el trámite previo ante las comisiones médicas y que la presencia de un interés federal legítimo justifica la atribución de competencia establecida en el art. 46 acáp. 1 ley 24557 (conf. fs. 329/343).
IV. La actora inició demanda contra su empleadora (Cerámica Alberdi S.A.) reclamando la reparación de su incapacidad laboral. Planteó en esa oportunidad la invalidez constitucional de diversos preceptos de la ley 24557 y de sus disposiciones reglamentarias; entre ellos, los que obstan al resarcimiento de las secuelas incapacitantes de las enfermedades-accidentes y el que establece la jurisdicción de la justicia federal en su condición de órgano de alzada de las resoluciones de las comisiones médicas -art. 46 . 1 LRT.- (fs. 9/11).
La empresa demandada, a su turno, con énfasis en que se obvió el trámite previo ante las comisiones médicas dispuesto en el art. 21 ley 24557, defendió la constitucionalidad de los dispositivos cuestionados, haciendo hincapié en que el actor objeta un precepto como el del art. 46 sin haber ocurrido ante los órganos a cuyas resoluciones se refiere el dispositivo observado, lo que deja al planteo huérfano de agravio concreto (fs. 28/30).
La citada en garantía, más tarde, sostuvo también la regularidad en el plano constitucional de la ley 24557, destacando que la falta de ocurrencia a sede administrativa del peticionario torna abstracto su ataque posterior al art. 46 ley aludida (fs. 39/43).
La a quo, por su parte -Cámara 2ª del Trabajo de la 1ª Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza-, entendió que el art. 46 Ley de Riesgos del Trabajo (LRT.) contradice las garantías de los arts. 16 y 18 Ley Fundamental, amén de lo previsto en su art. 75 inc. 12, razón por la cual declaró la invalidez del citado precepto (fs. 52/55).
Si bien en un principio la Corte provincial -por intermedio de su sala 2ª- desestimó los recursos de inconstitucionalidad deducidos por Cerámica Alberdi (ver fs. 82/86) y La Segunda ART. S.A. (fs. 107/116), so pretexto de la falta de alcance definitivo de lo resuelto (fs. 91 y 126), y, asimismo, el extraordinario federal de la citada en garantía (fs. 135/145 y 148/149), este último prosperó, finalmente, merced a la intervención de la Corte Suprema, quien, por remisión a Fallos 324:2456 (fs. 236/247 y 257), dio lugar al pronunciamiento de la sala 1ª de la ad quem llegado en queja (fs. 264, 267 y 288/303).
V. Se hizo alusión en Fallos 321:1865 a las características novedosas de la organización de competencia estructurada en torno a las comisiones médicas por la ley 24557, cuya intervención -se precisó- implica transitar un diseño atípico de acceso a la jurisdicción, con participación, por norma general, de las aseguradoras de riesgos del trabajo.
En Fallos 322:456, por su parte, se refirió a la peculiar aptitud de las aludidas comisiones, pasible de reexamen ante los jueces federales de provincia o, en su caso, ante una comisión médica central y con una instancia final ante la Cámara Federal de la Seguridad Social (en similar sentido, Fallos 322:323 (5) y 323:2730, donde se ponderó la naturaleza particular de la jurisdicción creada por la nueva preceptiva sobre riesgos del trabajo).
A su turno, en Fallos 322:1220 se puntualizó que la nueva Ley de Riesgos del Trabajo encomienda a las comisiones médicas creadas por ley 24241, entre otras competencias, la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad; el carácter y grado de la discapacidad y el contenido y alcance de las prestaciones en especie; con una instancia de apelación ante los jueces federales de las provincias o la Comisión Médica Central y una instancia última ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Tras reiterar la índole peculiar de esta organización de competencia y sus posibilidades de acceso a la jurisdicción ciertamente atípicas, se precisó también allí que la nueva regla, con el propósito no declarado de disminuir la litigiosidad, organizó un sistema tendiente a que, dado un infortunio de trabajo, se brinden al afectado por medio de las aseguradoras o principales autoasegurados, en forma automática e inmediata, las respectivas prestaciones dinerarias o en especie, previéndose recién para la hipótesis de disconformidad con las mismas la reclamación ante las comisiones médicas; extremo -en la perspectiva del pronunciamiento que se destaca- determinante a la hora de proveer a la organización administrativo-jurisdiccional instrumentada en la ley 24557 y el decreto 717/1996 (6).
Se resaltó, por fin, que la responsabilidad en el plano administrativo y jurisdiccional del sistema descripto se depositó casi totalmente en organismos de orden federal. En el mismo orden, en el pronunciamiento recaído en los autos Corte Sup., Comp. 511, L. XXXV, "Figueroa, Eva B. v. Bagley S.A. s/ley 24557", sentencia del 4/4/2000, luego de remitir al antecedente reseñado en los párrafos que anteceden (ver también sus citas), se hizo hincapié en la inmotivada preterición por parte del actor de la etapa ante las comisiones médicas, extremo que, amén de tornar abstracta la contienda suscitada, determinó el archivo de las actuaciones; lo anterior, sin perjuicio de la instancia jurisdiccional que oportunamente pueda seguirse (una solución semejante registra Fallos 324:1477).
Para concluir y luego de señalar que en Fallos 323:3771 se asintió a la índole federal de la ley 24557, procede se destaque que en la ocasión de Fallos 325:11, al describir el régimen establecido por la nueva preceptiva en materia de riesgos laborales, se dijo que la determinación y revisión de las incapacidades se halla a cargo de las comisiones médicas creadas para el sistema de jubilaciones y pensiones mediante un procedimiento gratuito para el damnificado, y sus conclusiones resultan recurribles tanto en el plano administrativo como judicial; poniéndose énfasis en que el legislador sustituyó un régimen por otro que entendió más adecuado a la realidad del momento, incluyéndolo -conforme a los avances de la doctrina especializada y de la legislación comparada- más en el terreno de la seguridad social que en el del derecho del trabajo (ver consids. 5 y 6).
La anterior reseña, amén de dejar manifiesto que el tema discutido fue objeto de consideración en circunstancias anteriores por V.E. y, asimismo, las líneas principales de la competencia organizada en esta materia, trasunta también la relevancia que revisten en el esquema jurisdiccional de la ley 24557 las comisiones médicas de los arts. 21 y 22, puesta de resalto por ese alto cuerpo en la consideración provista a los citados precedentes.
Tal extremo, en tanto que el pretensor soslayó esa etapa acudiendo directamente a la justicia ordinaria y obteniendo de ella un pronunciamiento contrario a la procedencia de la jurisdicción federal a la que pretende acceder la recurrente, estimo -por de pronto- que coloca el supuesto en el ámbito de Fallos 321:207; 323:189, 2302; 324:283, 708; entre muchos otros, en orden al carácter equiparable a definitivo del pronunciamiento por denegatoria del fuero de excepción. Ello, a mi entender, en el marco de la organización competencial novedosa a la que se ha venido aludiendo aquí, comporta la habilitación lisa y llana de la instancia jurisdiccional de la provincia, soslayando que no se ha transitado en forma previa la etapa ante organismos administrativos de índole federal como las comisiones médicas (conf. Fallos 322:1220, etc.).
Por otra parte, y si bien la impugnante inscribe su presentación bajo una genérica referencia a la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, lo cierto es que en el pleito se ha puesto en tela de juicio la validez de una ley emanada del Congreso de la Nación -art. 46.1 Ley de Riesgos del Trabajo- y la resolución ha sido contraria a ella, lo que torna admisible el recurso extraordinario de la citada en garantía, en el marco de lo previsto por el art. 14 inc. 1 ley 48 (7) (ver Fallos 314:1434; 319:2215 (8), etc.).
VI. Como bien enfatiza la sentenciadora, no se ha cuestionado aquí la preceptiva de los arts. 21 y 22 ley 24557, que encomienda a las comisiones médicas creadas por ley 24241 la determinación y revisión de las incapacidades, sino el art. 46.1 LRT., que confía a una comisión médica central o a la justicia federal de las provincias -a opción del trabajador- con una instancia última ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, la revisión de las resoluciones dictadas por las primeras (como se explicó con anterioridad, alegando portar una incapacidad de etiología laboral, el peticionario articuló su pretensión reclamando el resarcimiento de la minusvalía directamente en sede local).
En las condiciones descriptas, y toda vez que -al discurrir de V.E. en algunos de los antecedentes mencionados- se ha preterido aquí, sin suministrar razones constitucionales para ello, la instancia ante las comisiones médicas, considero inoficioso el dictado de un pronunciamiento en orden a la validez constitucional del art. 46.1 Ley de Riegos del Trabajo, desde que dicho dispositivo se encuentra condicionado en su aplicación a la ocurrencia previa del interesado a sede administrativa, no satisfecha, lo digo una vez más, ni justificada siquiera mínimamente, como es menester, en la presente causa.
Advierto, por otra parte, que tanto el planteo constitucional del actor concerniente, entre otros preceptos de la ley 24557, a su art. 46.1 , como la ulterior admisión del mismo en sede local autorizan a descartar que se trate el presente reclamo de una acción ajena al diseño de la Ley de Riesgos del Trabajo y correspondiente en origen a la competencia ordinaria, desde que, en tal caso, una declaración de invalidez como la pronunciada carecería -en mayor medida aún- de propósito; extremo al que se añade que ninguna aclaración, basada en una determinada inteligencia del reclamo, se provee sobre el punto.
No obsta a lo anterior la explicación ensayada por la juzgadora en el sentido de que el proceder del actor al acudir directamente a la justicia laboral ordinaria encuentra fundamento en el propósito de evitar se considere que media un sometimiento voluntario a un régimen legal que conlleva el camino de la justicia federal, como es el de las comisiones médicas, desde que en tal caso bastaba con postular en sede provincial la invalidez constitucional, precisamente, de los arts. 21 y 22 Ley sobre Riesgos del Trabajo, que organizan su intervención, amén de la normativa del art. 46 objetada aquí en soledad, o una reserva en tal sentido al acudir a las propias comisiones médicas del distrito.
Tampoco, la alusión al supuesto proceder de la justicia federal de la provincia en orden al rechazo de la atribución jurisdiccional en la materia, limitada, en el caso, a la aislada cita de un precedente.
VII. Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente la apelación federal y revocar la sentencia. Buenos Aires, marzo 4 de 2004.- Felipe D. Obarrio.
Buenos Aires, septiembre 7 de 2004.- Considerando: 1. Que la sala 1ª de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza al rechazar el recurso planteado por la citada en garantía, La Segunda ART. S.A., mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 ley 24557 de Riesgos del Trabajo peticionada por el actor y, por ende, rechazado la excepción de incompetencia de la justicia provincial deducida por la aseguradora. Contra ello esta última interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motiva esta queja.
2. Que, contrariamente a lo sostenido por el procurador fiscal en el dictamen que antecede, no es inoficioso pronunciarse sobre la cuestión federal señalada en el considerando anterior por haber sido preterida, sin suministrar razones para ello, la intervención de las comisiones médicas prevista en los arts. 21 y 22 LRT.
Esto es así, pues si bien el trabajador actor planteó su demanda indemnizatoria ante el Poder Judicial mendocino sin haber previamente ocurrido ante dichos órganos, ello encuentra explicación en la propia sentencia del a quo. En efecto, este último ensayó la hipótesis de que el reclamante pudo haber actuado de la manera indicada "para evitar que se considerara -mal o bien- que se había sometido voluntariamente a un régimen legal que lo lleva luego automáticamente por el camino de la justicia federal" (fs. 292 del expediente principal, agregado por cuerda). Luego, atento a que esta consideración ha quedado firme ante la falta de cuestionamiento alguno, el tribunal debe atenerse a ella, máxime cuando las comisiones mencionadas son "organismos de orden federal" (Fallos 322:1220).
En tales condiciones, presente una cuestión de las previstas en el art. 14 inc. 1 ley 48 y siendo equiparable a definitiva la sentencia que deniega el fuero federal pretendido por la recurrente (Fallos 324:283, entre otros), corresponde tener por admisible el recurso extraordinario, sobre todo cuando se encuentran reunidos los restantes requisitos para tal fin.
3. Que el citado art. 46 inc. 1 Ley de Riesgos del Trabajo, censurado por el a quo fundamentalmente con base en el art. 75 inc. 22 CN. y jurisprudencia de esta Corte, dispone: "Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en cada provincia ante el cual se formulará la correspondiente expresión de agravios o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador [...] Las resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social".
A su vez, con el propósito de delimitar el thema decidendum y, en consecuencia, los alcances del presente pronunciamiento, cuadra añadir que el reclamo del actor tiene por objeto la indemnización de la incapacidad laboral, dentro del marco reparador de la ley 24557, que dice padecer a consecuencia del trabajo que prestó, en la localidad de Guaymallén, para la demandada, Cerámica Alberdi S.A., la cual, como se infiere de lo indicado al comienzo, citó en garantía a la ahora recurrente.
4. Que, según lo esclareció esta Corte para octubre de 1917, y lo sostuvo de manera constante, "las responsabilidades por accidente del trabajo a que se refiere la ley 9688 y que nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de contratos entre patrones y empleados u obreros, son de carácter común" (Fallos 126:315, 324 y 325:328; asimismo, Fallos 129:223; 151:315; 162:79; 184:390; 228:537; 239:239; 242:182; 245:174, entre muchos otros), vale decir, resultan sancionadas por el Congreso con arreglo a las previsiones del art. 67 inc. 11 CN. -actual art. 75 inc. 12- (Fallos 248:781, 782, consid. 1 y sus citas). De igual manera corresponde discurrir respecto de la ley 24028, que sustituyó a la ley 9688.
A su turno, contemporáneamente con la incorporación del art. 14 bis a la Ley Fundamental, que introdujo los derechos relativos al trabajo y la seguridad social, fue agregado previsoramente el Código "del Trabajo y Seguridad Social" a la nómina de materias contenida en el citado art. 67 inc. 11. De tal suerte, la normativa concerniente a las dos mencionadas ramas jurídicas quedó, expressis verbis, integrada en el conjunto de aquellas otras que, si bien son del resorte legislativo del Congreso de la Nación, no alteran "las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones" (art. 67 inc. 11, actual art. 75 inc. 12).
El art. 116 CN. (anterior art. 100) no es sino un explícito reforzador de la antedicha directriz, esencial de la forma federal que la Nación Argentina adoptó para su gobierno (Constitución Nacional, art. 1), desde el momento en que la competencia de esta Corte y de los tribunales inferiores de la Nación se extiende al conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos, inter alia, por las leyes de la Nación, "con la reserva hecha en el inc. 12 del art. 75". De ahí que, desde su instalación, la Corte haya sostenido que la competencia de los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que menciona el art. 100 -actual art. 116- (Fallos 1:170; 190:170; 283:429 y 302:1209, entre muchos otros), tal como, por lo demás, lo establece la ley 27, e incluso la ley 48, para lo concerniente a la competencia apelada extraordinaria del tribunal (art. 15). El art. 121 CN. (originario art. 104) se emplaza en la misma línea.
Más aún; la reforma de la Constitución Nacional producida en 1994 no ha hecho más que profundizar este principio arquitectónico de nuestro orden constitucional, al precisar, como ya lo había puesto en claro la jurisprudencia del tribunal (Fallos 248:781, 782, consid. 1, sus citas y otros), que el dictado de las normas mentadas en el art. 75 inc. 12, podía asumir, sin mengua de su naturaleza común, la forma de cuerpos "unificados o separados".
5. Que, por ende, no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado art. 75, inc. 12. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador (Fallos 271:206, 209, consid. 4).
A todo evento, las excepciones a tan terminante regla están rigurosamente condicionadas a que los efectos de esta alteración "han de ser tenidos por válidos, siempre que la intención de producirla sea inequívoca y no se apoye en el mero arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad" (Fallos 248:781, 782/783, consids. 1 y 2; 300:1159, 1161/1162, consid. 3 y 302:1209, 1214, consid. 2 y 1552, 1557, consid. 5).
6. Que, en tal orden de ideas, la Ley de Riesgos del Trabajo no satisface los mentados requerimientos. En primer lugar, la norma no contiene disposición expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones sub lite (doctrina de Fallos 248:781, 783, consid. 3). Además, por lo que ha sido expresado en los dos considerandos anteriores y lo que se agregará seguidamente y dos párrafos más abajo, parece indudable que el régimen procesal que instrumenta el impugnado art. 46 inc. 1 no puede revestir, si de intencionalidad inequívoca se trata, un carácter siquiera indicativo. En segundo término, un doble orden de circunstancias surge con toda nitidez a los fines del sub discussio: la citada ley, por un lado, regula sustancialmente sólo relaciones entre particulares, y, por el otro, de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal para sustentar una declaración de tal naturaleza (íd. paréntesis anterior). En tal sentido, la aparición de las aseguradoras de riesgos del trabajo como nuevo sujeto en los nexos aludidos, lejos de enervar este aserto lo consolida, desde el momento en que aquéllas son "entidades de derecho privado" (art. 26 inc. 1 ley 24557).
Asimismo, es perfectamente trasladable al presente litigio la doctrina enunciada por el tribunal a propósito de la ley 9688: "...la circunstancia de que la ley haya adoptado formas o bases nuevas para reglar relaciones de derecho privado nacidas de accidentes del trabajo por ser insuficientes las adoptadas por el Código Civil a las modernas necesidades creadas por el progreso industrial, no le quita ni puede quitarle su carácter de ley común destinada a reglar derechos particulares, cualquiera que fuese la denominación que se les dé" (Fallos 126:325, 329).
Desde otra perspectiva, las alegaciones de la recurrente en torno de la inserción de la Ley de Riesgos del Trabajo en el terreno de la seguridad social nada aportan en favor de su postura, por cuanto las normas de esa disciplina, supuesto que el presente régimen sustancial cayera dentro de su ámbito, se encuentran ratione materiae expresamente inscriptas en el varias veces citado art. 75 inc. 12. De ahí que no por ser órgano de alzada la Cámara Federal de la Seguridad Social, los preceptos que rigen, por ejemplo, una jubilación por invalidez del régimen previsional ordinario pierdan su carácter común (ver Fallos 325:1644, entre muchos otros). Toda vinculación que quiera establecerse entre la ley 24557 y el mencionado régimen, en consecuencia, no debería soslayar estas relevantes circunstancias.
Tampoco acude en sustento de la federalización de la ley 24557 cuanto quiera verse en ésta como conjuro de situaciones excepcionales. Si cada vez que se invoque una circunstancia de este tipo, o, aun, cada vez que realmente exista se estuviese fuera del art. 75 inc. 12, la reserva que éste asegura podría quedar eliminada en los hechos, cuanto más que, en períodos de transformaciones constantes, acaso muy pocas materias -si no ninguna- serían excluidas en la sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales (ver Fallos 247:646, 668 y 669, consid. 17, voto de los Dres. Boffi Boggero y Aberastury). De una manera semejante podría razonarse si se pretendiera inscribir a la ley 24557 en el ámbito de las llamadas cláusulas del progreso, contenidas en los incs. 18 y 19 del art. 75 CN.
A su turno, si bien no es descartable que el arbitrio cuestionado pretenda justificarse por su finalidad, esto es, el logro de un mayor grado de uniformidad en la interpretación y aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo en el plano judicial, al detraer este cometido de las justicias provinciales, no por ello sería inmune al reproche de inconstitucionalidad. En rigor, el argumento probaría demasiado puesto que, en definitiva, no habría materia alguna de las contenidas en el art. 75 inc. 12 que pudiera escapar a los aludidos propósitos, con lo cual, so color de esto último, el precepto podría quedar vacío de todo contenido y, en consecuencia, desbaratado irremediablemente el sistema federal. La búsqueda de dicha finalidad, en todo caso, cuenta con diversos caminos, entre otros, la cuidada elaboración de los textos legislativos destinados, como ocurre con la legislación común, a regir de manera general y estable en todo el territorio de la República, pero nunca el celosamente vedado por la Constitución Nacional.
Por lo demás, no se advierte ningún motivo para pensar, o siquiera sospechar, que la protección de los intereses que la ley 24557 pone en juego dejaría de ser eficaz a través de la interpretación y aplicación por la justicia que las provincias organizaran dentro del molde constitucional (ver Fallos 247:646, 668 y 669, consid. 17, voto de los Dres. Boffi Boggero y Aberastury). Por lo contrario, un buen número de motivos militan en apoyo de la tesis opuesta.
Si a todo ello se suma que la mencionada ley no tuvo otro objeto, para lo que interesa, que establecer, bien que bajo algunas modalidades propias, la regulación de un universo jurídico que, materialmente considerado, es análogo al que contemplaban las leyes 9688 y 24028, cabe concluir en la inexistencia de razón valedera alguna para prescindir de la reiterada y ya recordada jurisprudencia de esta Corte, que reconoce carácter común a las disposiciones que rigen las relaciones jurídicas de la presente causa.
7. Que toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal a normas que regularmente pertenecen al orden común, debe ser escrutada con el mayor rigor, sobre todo por cuanto es deber indeclinable del tribunal impedir que, a través de esos medios, se restrinjan indebidamente las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes al concepto jurídico de autonomía (Fallos 248:781, 783, consid. 2, y otros). Es menester no olvidar que la reserva de la jurisdicción provincial de la que daban cuenta los ya citados arts. 67 inc. 11 y 100 CN. (actuales arts. 75 inc. 12 y 116) era ajena al texto de 1853 y fue introducida por la Convención de 1860, con el deliberado propósito de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha norma hace referencia. Muy poco se habría avanzado en el país, cabe agregar, si todo el celo de los constituyentes de 1860 pudiese malograrse al poner en manos de una decisión legislativa, por elevada que fuese su finalidad, la suerte de las autonomías provinciales y, con ello, el sistema federal de gobierno (ver Fallos 247:646, 669, consid. 18, voto de los Dres. Boffi Boggero y Aberastury). Es por ello que esta Corte, tal como lo recordó oportunamente (Fallos 271:206, 210, consid. 7), ha reconocido desde antiguo la amplitud en el ejercicio de esas facultades reservadas. Así, ya en 1869 estableció el principio fundamental de que las provincias conservan su autonomía en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación (art. 104 CN., actual art. 121) -Fallos 7:373-, para afirmar, en 1922, que esas facultades reservadas "son idénticas en esencia y alcances a las mismas facultades del gobierno central" -Fallos 137:212-.
La Ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado "de fuero común" (Fallos 113:263, 269).
8. Que, en suma, la competencia federal en cuestión no encuentra otro basamento que el mero arbitrio del legislador. En consecuencia, el fallo de la sala 1ª de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, que mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 ley 24557 en el supuesto materia de este litigio, debe ser confirmado.
Por cierto que, tal como fue advertido en otros casos relacionados con problemáticas emparentadas con la presente (vgr., Fallos 271:206 , 209/210, consid. 6), este resultado no es incompatible con los precedentes del tribunal en los que se dispuso conferir competencia a la justicia federal en supuestos análogos al sub examine (por ej., Fallos 322:1220), toda vez que en ellos no se había planteado la concreta cuestión federal ahora examinada, ni la causa había llegado al tribunal por vía de recurso, sino que se vinculaban con conflictos de competencia resueltos con arreglo a lo establecido en el art. 24 inc. 7 decreto ley 1285/1958.
Por ello, y oído el procurador fiscal, se declara procedente la queja y admisible el recurso extraordinario denegado y se confirma la sentencia apelada en cuanto fue objeto del agravio tratado, con costas a la recurrente (art. 68 CPCCN. [9]). Reintégrese el depósito (fs. 115), agréguese la queja al expediente principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase.- Enrique S. Petracchi.- Augusto C. Belluscio.- Carlos S. Fayt.- Antonio Boggiano.- Juan C. Maqueda.- Eugenio R. Zaffaroni.- Elena I. Highton de Nolasco.
